Desde el 1º de enero de 2016. Sunedu hace oficial el reglamento de infracciones y sanciones para fiscalizar a las universidades que no se adecúen a norma. Se contempla multas de 1 UIT a 300 UIT. ASUP rechaza medida y anuncia juicios.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hizo oficial que a partir del 1º de enero del 2016 no se reconocerán como válidas las firmas de las autoridades universitarias rebeldes, es decir, que no se hayan adecuado a la Ley Universitaria.
Las consecuencias inmediatas serán: no podrán firmar grados ni títulos; la suspensión del manejo de cuentas. No podrán nombrar o ascender a docentes ni contar con fondos para la investigación.
En ese sentido, es importante que la comunidad universitaria designe prontamente una autoridad que guíe el proceso de cambio, dijeron voceros la Sunedu.
Las universidades que no se adecúen a la ley podrán ser sancionadas hasta con 300 UIT (S/. 1.155.000).
Con ese propósito, el fin de semana se publicó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en el diario El Peruano, a través del cual la Sunedu podrá fiscalizar a las universidades a fin de exigir el cumplimiento de la ley. El ámbito de la aplicación es para universidades públicas y privadas.
Por ejemplo, tienen la obligación de que el 25% de sus docentes sean a tiempo completo, que los programas para optar el bachillerato tengan como mínimo cinco años de duración, y no dos o tres, como sucede en algunos casos.
Las sanciones que se pueden imponer de acuerdo al reglamento contemplan multas leves, graves y muy graves que van de 1 UIT (S/. 3.850) a 300 UIT (S/. 1.155.000); la suspensión de la licencia de funcionamiento y la cancelación de esta.
Por ejemplo, contar con personal docente ordinario o contratado que no tenga el grado académico de maestro para la enseñanza en pregrado se considera una falta ‘muy grave’ que puede ir desde la 100 UIT hasta 300 UIT, con excepción de los docentes que se encontraban ejerciendo la docencia a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria.
Contar con docentes mayores de 70 años en una universidad pública es considerado  ‘falta leve’ que puede tener una multa de 1 UIT a 30 UIT.
En contra de la ley
La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) rechazó la medida de la Sunedu de desconocer a las autoridades universitarias públicas a partir del  31 de diciembre del 2015.
“Es ilegal y arbitraria, ya que se está interviniendo a las universidades desconociendo los derechos constitucionales”.
La ASUP señala que denunciará penalmente a la Sunedu y al Ministerio de Educación si se suspende la titularidad del reconocimiento de grados y títulos en las casas de estudios que no hayan acatado la Ley Universitaria al 1º de enero.
“¿En qué parte dice que la Sunedu puede establecer plazos, cronogramas de elecciones? Esto es un chantaje”, criticó Ada Gallegos, directora ejecutiva de la ASUP, que agrupa a 67 universidades entre públicas y privadas.
“Deploramos que el gobierno rompa el Estado de derecho y se imponga de manera arbitraria en contra de la universidad peruana”, agrega Gallegos.
Hasta la fecha, 30 universidades públicas han modificado sus estatutos. La única que falta es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Su rector, Pedro Cotillo, ha sido denunciado por usurpación de funciones y abuso de autoridad por interferir en las elecciones universitarias.
Resultados a futuro
El congresista Daniel Mora, promotor de la ley, remarcó que la Sunedu debe aprovechar para exigir a las universidades, tanto públicas como privadas, la adecuación a la norma, precisamente ahora que ya cuenta con un reglamento de infracciones. “Además está el reglamento de estándares de calidad que da un plazo de dos años a las universidades para su cumplimiento”.
¿Cuándo se verán los resultados de la Ley Universitaria? El legislador estima que la norma es una reforma y que sus resultados se verán en el mediano plazo. “El resultado completo es de cinco a diez años, ya se ha dado el primer paso y eso es lo más importante”, manifestó Daniel Mora.
Precisó además que algunas universidades se han acostumbrado a lucrar y estafar a los padres de familia por años.
Por ello pidió que la Sunedu y la Sunat investiguen si se está cumpliendo con la Constitución y el punto Nº 1 de la Ley Universitaria, el cual señala que los bienes de las universidades no pueden ser utilizados en temas ajenos a la formación académica y menos para propaganda electoral.

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