El Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la medida cautelar solicitada por Elizabeth Canales Aybar, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Mayor de San Marcos y del Rector de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, Vladimiro Del Castillo Narro.
La Corte Superior de Justicia resolvió que estos pedidos no poseían fundamento y que la Ley Universitaria debe ser cumplida por todas las universidades.
La resolución emitida por el Quinto Juzgado también destaca que las nuevas autoridades universitarias deberán ser elegidas antes que concluya el periodo de las autoridades vigentes.
En ese sentido la SUNEDU estableció como plazo máximo el 31 de diciembre de 2015 para el cambio de autoridades.
A este hecho se suma la ratificación de la ley por parte del Tribunal Constitucional, en noviembre pasado; y el archivamiento, por parte de la Comisión de Educación del Congreso, de la ley que proponía prolongar el mandato de los rectores elegidos antes de la implementación de la nueva Ley Universitaria, denominada “Ley Cotillo”.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria protege el derecho de los jóvenes peruanos de acceder a una educación de calidad sin importar su condición socioeconómica.

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